El allanamiento realizado por la Superintendencia de
Industria y Comercio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá el 21
de noviembre de 2012 representa una clara y flagrante transgresión al pacto
político de la carta constitucional de 1991 que irrespeta la soberanía popular
y la autonomía administrativa de la administración del distrito capital.
Las intenciones del Gobierno Nacional, de
realizar control “ex-ante” vía la Superintendencia de Industria y Comercio,
advertido por la vocera del Gobierno Nacional Gina Parody, pretende proteger
los intereses de quienes se aprovechan y se benefician del “negocio” de las
basuras, de las cuales, al parecer sólo se pueden beneficiar ilustres hijos
de ex-presidentes, empresarios potentados o mafiosos en detrimento de
intereses de recicladores, trabajadores populares informales y sectores
humildes del distrito.
Los débiles argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para allanar la Empresa de Acueducto Bogotá, parecieran ser una cortina de humo para desviar la atención del vergonzoso escándalo de Interbolsa, del cual dicha entidad guardó cómplice silencio o de la también escandalosa desidia de los últimos 3 presidentes que conllevó a la pérdida de extensas zonas de nuestros mares en la costa Caribe.
Ahora, mientras el gobierno nacional gira en torno a
desobedecer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, persigue al
Alcalde de Bogotá Gustavo Petro por cumplir un Auto de la Corte Constitucional
en donde se le conmina a escoger el modelo de recolección de basuras que involucre
a los recicladores.
Para el progresismo, tanto la provisión de agua como la
recolección de basuras son servicios públicos que tienen finalidad de Salud
Pública, los cuales deben ser prestados por el Estado. La revolución del agua y
el derecho al mínimo vital, serán realidad en Colombia por la firme convicción
que los derechos están por encima de los negocios, lo público estará siempre
sobre lo privado.
Ante tal situación Progresistas de Cali hace un llamado a la
ciudadanía a:
- Condenar las transgresiones que el Gobierno Nacional ha realizado tanto en el Valle del Cauca, como en Bogotá que van en contravía de la autonomía administrativa y la soberanía territorial.
- Condenar las intenciones golpistas de intereses mafiosos del carrusel de la contratación en contra de los intereses y de la soberanía del pueblo Bogotano.
- Sumarse a la movilización democrática y popular para:
- Defender la Constitución Política de 1991;
- Defender y luchar por la provisión de agua y la recolección de basuras como servicios públicos con finalidad de Salud Pública que deben ser prestado por el Estado;
- Defender y luchar por el derecho al mínimo vital de agua.
- Apoyar y proteger la gestión progresista de Gustavo Petro.
- Continuar nuestras luchas en Cali y el Valle en defensa de lo público y de la soberanía popular.
